El sábado 14 de marzo el Consejo de Ministros decretaba el estado de alarma en toda España. Quince días de medidas urgentes, excepcionales y duras para ganar al coronavirus Covid-19 que se extenderán hasta el 11 de abril. La principal orden, misión, para la ciudadanía, permanecer en sus domicilios y solo abandonarlos en casos muy concretos como hacer la compra -para una semana, no día a día para salir con esa excusa- o acudir a un centro sanitario. Desde el inicio del confinamiento en Gandia se han impuesto más de mil denuncias a ciudadanos y locales por incumplir el Real Decreto 463/2020 y sus posteriores modificaciones y ampliaciones.
Policía Local de Gandia, Policía Nacional y Guardia Civil se han visto obligados a intensificar los controles para que se cumpla la normativa, que no tiene otro objetivo que evitar la propagación de un virus que ya se ha cobrado más de 1.700 muertes en España. El pasado jueves el ejército se desplegó en Gandia para colaborar con las autoridades locales en la lucha contra el Covid-19, especialmente en velar para que se vea cumplido el estado de alarma.
RECORRIDO DE LAS DENUNCIAS
Las sanciones, que pueden alcanzar económicamente los 600.000 euros, tienen el mismo recorrido que las impuestas fuera del estado de alarma. Los agentes (Policía Local, Nacional o Guardia Civil) levantan el acta y la envían al Departamento de Secretarías de los cuarteles o comisarías, donde hacen la denuncia que firman los comisarios o capitanes de la Guardia Civil. Estos la envían a la Delegación del Gobierno de Valencia donde deciden si imponen la sanción o no. Es esta institución del Gobierno de España la que decidirá, conforme a la gravedad de los hechos y lo descrito por los agentes, qué cantidad debe abonar el sancionado o si por el contrario se archiva.