Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Gandia una red criminal dedicada a obtener datos personales y falsificar documentación para empadronar de manera masiva a ciudadanos extranjeros en el municipio, a cambio de dinero. En la operación han sido detenidas cinco personas —tres hombres y dos mujeres, de entre 28 y 47 años— acusadas de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Gandia, comenzó en julio tras recibir varias denuncias de residentes que aseguraban tener personas desconocidas empadronadas en sus domicilios sin permiso. Las primeras comprobaciones, apoyadas en información solicitada al padrón municipal, permitieron detectar la existencia de un grupo delictivo asentado en la ciudad que operaba de manera estructurada y con ánimo de lucro.

127 empadronamientos irregulares y 15 propietarios afectados

Los agentes lograron identificar a 15 propietarios cuyos domicilios habían sido usados sin su consentimiento para registrar a ciudadanos extranjeros, en algunos casos acumulando más de una decena de empadronados en la misma vivienda. En total, la Policía Nacional ha confirmado 127 empadronamientos fraudulentos.

La red estaba formada por al menos ocho personas con tareas diferenciadas y un reparto claro de funciones. Según la investigación, sus actividades se mantuvieron de forma continuada entre abril de 2023 y agosto de 2025. Los integrantes del grupo combinaban la obtención ilícita de datos personales —que conseguían principalmente robando correspondencia de buzones, incluso forzándolos— con la elaboración de contratos de alquiler falsificados, a los que añadían referencias catastrales para dar apariencia de autenticidad.

Con estos documentos acudían al padrón municipal para empadronar a personas extranjeras en situación vulnerable, facilitando así su acceso a certificados que podían emplear después para obtener derechos de residencia, tarjeta sanitaria u otras prestaciones.

Por cada empadronamiento ilegal cobraban entre 200 y 1.000 euros, siempre en efectivo y sin recibo. Los investigadores calculan que el beneficio obtenido por la red supera los 50.000 euros, además de unos 3.000 euros procedentes de supuestos alquileres ficticios.

Tras la operación policial, los cinco detenidos quedaron en libertad después de declarar, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Declaraciones del concejal de Interior, Seguridad y Proximidad, Adrià Vila

El concejal delegado de Gobernanza Interior, Seguridad y Proximidad, Adrià Vila, valoró esta mañana la desarticulación de la red, destacando que “Gandia es una ciudad de orden”. Vila recordó que, en cuanto se conocieron los hechos, fue el propio Ayuntamiento quien colaboró con la Policía Nacional, se personó en la investigación y encargó a la Policía Local que revisara de forma directa la situación de las viviendas afectadas.

Según explicó, se actuó de inmediato reforzando los controles internos: se actualizó el procedimiento de este tipo de empadronamientos y se incrementó la documentación exigida para evitar nuevos casos. Paralelamente, se inició el proceso para dar de baja de oficio a las personas empadronadas de manera irregular, un trámite que concluyó el pasado 16 de septiembre, fecha en la que dejaron de constar como residentes en la ciudad.

Vila añadió que el gobierno local continúa trabajando en una nueva ordenanza del padrón, elaborada junto con los grupos políticos, que incluirá medidas como la prohibición de inscribir en una vivienda a más de ocho personas pertenecientes a distintos núcleos familiares.

Reacción del portavoz del Partido Popular, Víctor Soler

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, recordó que “fue el Partido Popular de Gandia quien, al conocer, por testimonios de varios vecinos, las irregularidades en el padrón, lo denunció públicamente, lo que llevó a la investigación por parte de la Policía Nacional que hoy destapa a esta mafia”.

Soler subrayó que el PP exigió medidas de control en cuanto se detectaron los primeros casos y solicitó también la elaboración de una nueva ordenanza, además de recuperar el filtro instaurado en 2014 que permitió depurar 2.600 inscripciones en el padrón. Según afirmó, “fue José Manuel Prieto como concejal de administración quien eliminó en 2019 ese filtro, razón por la que ahora lamentamos esta situación”.

El portavoz popular criticó que el gobierno socialista no atendiera las propuestas presentadas en agosto dentro de los pactos de ciudad y aseguró que esta falta de actuación ha facilitado que se produzcan irregularidades como las ahora investigadas. Añadió, además, que lo sucedido “podría ser solo la punta del iceberg de una trama mucho más profunda que pone en riesgo no solo la seguridad de nuestros vecinos, sino también la transparencia de los procesos electorales y la correcta asignación de los recursos públicos”.

Recordó que este tipo de situaciones ya se produjeron en el pasado, mencionando que “durante el tiempo en el que José Manuel Orengo fue alcalde y Alfredo Boix estaba en su gobierno, se detuvo a una funcionaria que posteriormente fue condenada por empadronamientos ilegales”.

Por todo ello, el Grupo Popular exige la creación urgente de una comisión de investigación que depure responsabilidades. En palabras de Soler, “El alcalde socialista Prieto tendrá que ofrecer muchas explicaciones tras años de pasividad ante un asunto extremadamente grave, que ya ha afectado al menos a 15 vecinos. La ciudad merece saber por qué no se aplicaron controles cuando era evidente que algo no estaba funcionando en el padrón municipal”.