El que fuera alcalde de Gandia por el Partido Popular durante la legislatura 2011-2015, Arturo Torró, tendrá que sentarse en el banquillo por el ‘Caso Tele7‘. La Fiscalía pide para él 8 años de prisión y 20 de inhabilitación para cargo público. La acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Gandia eleva la petición de prisión a 14 años y la de inhabilitación para cargo público a 25.
Arturo Torró se enfrentará a los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y vulneración de derechos fundamentales.
Además de contra Torró, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, Amparo Tur Escrivá, también ha abierto juicio oral contra Ricardo Manuel Faura Vidal, Francisco Javier Reig Garrigues, Antonio Abad Rodríguez, José Vicente Codina Tomás, Josep Lluis Giménez Estruch y Cristina Serrano Mateo, así como contra COMARQUES CENTRALS TELEVISIÓ SL como responsable civil subsidiario.
En un auto fechado el pasado 17 de marzo y la juez fija la Audiencia Provincial para el enjuiciamiento del caso y una fianza de responsabilidad civil de 4.020.000 euros, que deberán prestar conjunta y solidariamente los acusados, y con una parte para una mercantil, en su condición de responsable civil subsidiario de 480.000 euros.
CRONOLOGÍA
Según la fiscalía, los hechos se remontan a diciembre de 2011, cuando ‘Iniciatives Publiques de Gandia-S.A.U’, recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para la realización de las actividades de comunicación que hasta su cierre poco antes venía desempeñando la televisión municipal.
IGP, a través del procedimiento de contratación por invitación, adjudicó en 2012 dos contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a dos mercantiles, por más de 1,7 millones de euros cada uno, y para tres años. Antes de estos contratos, en diciembre de 2011, una de las empresas efectuó una cesión de las obligaciones derivadas del contrato del que resultara adjudicataria en favor de la otra, que fue la que realizó de hecho los trabajos correspondientes a las dos.
En fecha 10 de febrero de 2013, se concertó entre la empresa pública y la primera de las mercantiles la resolución del contrato de febrero de 2012, por supuestas dificultades no concretadas, y asumió IGP la obligación de pagar a la mercantil la cantidad de 500.000 euros de dinero público, “a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas”, señala el fiscal. La primera transferencia se realizó el 7 de junio de 2012, antes incluso de que se acordase la resolución y la indemnización a favor de la mercantil.
Según el fiscal, fue Arturo Torró quien, aprovechando su condición de alcalde y presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizando la empresa municipal IPG, “concibió promovió y asumió la obligación” del pago de ese importe con dinero público a la otra empresa, con la colaboración del otro acusado (Ricardo Manuel Faura Vidal), como representante de esa mercantil.
