Llevo días contestando a la pregunta de si España necesita otra fecha que recuerde la relevancia y compromiso social con el sector de la población de la diversidad funcional además del 3 de diciembre, día internacional de las Personas con Discapacidad, ya que recientemente el 3 de Mayo ha sido declarado oficialmente como “Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Son fechas con objetivos sociales diferentes, el 14 de octubre de 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución encaminada a concienciar y visibilizar sobre la necesidad de mejorar la vida de las personas con discapacidad e impulsar la igualdad de oportunidades proclamando el 3 de diciembre como día internacional de las personas con discapacidad (“impedidos” se decía en aquel momento). Sin embargo, el 3 de mayo en España celebraremos los derechos y principios interpretativos que se reconocen en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
Esta Convención es un “instrumento internacional de derechos humanos” que España ratificó asumiendo por ello la obligación jurídica de aplicar los derechos y principios que reconoce. Hoy por hoy, la lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad sigue siendo necesaria, somos un colectivo vulnerable cuyos derechos con frecuencia son vulnerados. La Convención nos permite defender nuestros derechos humanos, vinculando normativa y jurídicamente al Estado Español. Nos reconoce como sujetos titulares de derechos y frente al Estado cuando no nos garantiza el reconocimiento o ejercicio de estos derechos, nos facilita su defensa legal.
Y a pesar de la alegría por los avances en materia de discapacidad de nuestro país (el domingo pasado, en las elecciones generales todos los adultos a quienes sentencias judiciales les había arrebatado su derecho al voto pudieron ejercerlo por primera vez) tenemos que resaltar, en palabras de la propia ONU, la “preocupante situación de la infancia con discapacidad en España”, quienes no tienen garantizado el pleno disfrute de sus derechos humanos. Una infancia con la que estamos en deuda, a la que discriminamos demasiado y a la que vapuleamos con discusiones estériles sobre cómo o quien debe decidir la manera en que disfruten de sus derechos humanos. Como Estado seguimos sin asegurar el acceso a todos los niños y niñas con discapacidad a una educación inclusiva, a los servicios sanitarios que necesitan, no les protegemos frente a la discriminación ni la exclusión, no les garantizamos el derecho a la igualdad de oportunidades ni la protección ante la ley que les ampara como merecen a ellos y a sus familias, en definitiva, el derecho a ser tratados con dignidad y respeto con demasiada frecuencia no pasa de ser una aspiración. Para cambiar esta realidad, contamos con la Convención como herramienta legal de derechos humanos con poder transformador de justicia y equidad.
El día 3 de diciembre continuaremos celebrando la labor de concienciación y educación en el respeto de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y los 3 de Mayo los dedicaré humildemente a visibilizar que los derechos se reconocen, se protegen y se exigen y que podemos hacerlo desde el marco legal vinculante de la Convención de la ONU.
Ángeles Pérez Yuste
Jurista especializada en Discapacidad-Facilitadora de Inclusión
