El Partido Popular llevará al próximo pleno una propuesta para recuperar el control de los accesos en aquellas vías donde los sistemas de restricción de vehículos llevan años averiados, inutilizados o han desaparecido. La iniciativa pone el foco en puntos de Benipeixcar, Beniopa, el Centro Histórico, el entorno de la plaza del Prado y calles como Mayor y San Francisco de Borja.

El objetivo de la moción es que estas zonas, concebidas para dar prioridad a los peatones y permitir únicamente el paso de residentes, servicios autorizados y vehículos de carga y descarga, cuenten con mecanismos que impidan la entrada indiscriminada de coches.

El concejal popular Vicent Gregori considera que existe una contradicción entre los anuncios de nuevas peatonalizaciones y el estado de algunas de las zonas que ya tienen esta consideración. «Prieto anuncia nuevas peatonalizaciones y obras de humanización, pero es incapaz de garantizar que funcionen las zonas semipeatonales que Gandia ya tiene. Antes de seguir gastando dinero en nuevos anuncios, debe ordenar y mantener lo que ya existe», ha señalado.

La propuesta plantea que los servicios técnicos municipales elaboren, en un plazo máximo de tres meses, un inventario de las calles y plazas que tienen o han tenido acceso restringido. A partir de ahí, se establecerían los horarios, las excepciones para residentes y servicios y el sistema de control más adecuado para cada espacio.

Entre las alternativas que recoge la moción figura la recuperación de los antiguos pivotes o su sustitución por bolardos automáticos, cámaras de lectura de matrículas o sistemas de autorización digital. También reclama que los residentes dispongan de un mecanismo de acceso sencillo, gratuito y sin trámites innecesarios.

«Una calle no se convierte en peatonal por colocar una señal o inaugurar una obra. Si no existe un control efectivo de los vehículos, los peatones continúan desprotegidos», ha advertido Gregori.

El PP pide explicaciones sobre la movilidad y la ZBE

La iniciativa también reclama integrar estas actuaciones en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y en la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En este sentido, los populares solicitan que el gobierno de José Manuel Prieto presente en comisión, también en un plazo de tres meses, un informe sobre los trabajos realizados y el calendario previsto para aprobar ambas herramientas.

Gregori ha recordado que la actualización del Plan de Movilidad, el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones y la redacción de su ordenanza fueron adjudicados por más de 83.000 euros, IVA incluido.

«Después de gastar más de 83.000 euros en el Plan de Movilidad y la Zona de Bajas Emisiones, Gandia no puede continuar acumulando estudios sin resolver los problemas existentes», ha afirmado. El concejal ha concluido que la ciudad sigue sin una ZBE regulada y con calles semipeatonales sin controles operativos.