La Generalitat Valenciana ha solicitado al Ayuntamiento de Gandia la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio para la determinación de usos del Palau de Comunicacions, el antiguo edificio de Correos, con el fin de analizar la situación actual del inmueble y estudiar los próximos pasos. La petición llega apenas unos días después de que los desprendimientos detectados en la fachada obligaran a su declaración de ruina parcial.

Junto a esa solicitud, la administración autonómica ya ha trasladado la relación de representantes que participarán de su lado en la comisión: Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial; Antonio Woodward, director general de Patrimonio; Juan José Cortés, director general de Innovación; Miguel Ángel Ivorra, director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental; y Alberto Pascual, director general de la Acción del Gobierno. Dos son los nombres que cambian respecto a los representantes autonómicos que acudieron a la última reunión de la comisión (octubre de 2025): Carlos Gil y Alberto Pascual en sustitución de José Manuel Cuenca y Pilar Tébar.

La activación de esta mesa se producirá en un momento especialmente delicado para el antiguo Correos. El edificio arrastra desde hace tiempo un futuro incierto, pero la situación se agravó tras los desprendimientos registrados el pasado 17 de abril. Aquella incidencia obligó a una revisión técnica y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con rapidez sobre uno de los inmuebles más emblemáticos del centro histórico de Gandia.

Las inspecciones realizadas posteriormente apuntaron a la existencia de dos puntos interiores afectados, uno de ellos junto a la vivienda en la que residían los sacerdotes vinculados al santuario del Beato Andrés Hibernón. Aunque no se apreció un riesgo de colapso general del edificio, sí quedó clara la necesidad de intervenir para asegurar determinadas zonas y garantizar la seguridad. En paralelo, el Ayuntamiento ya había reclamado a la Generalitat que adoptara medidas urgentes y declarara la ruina inminente parcial de las áreas comprometidas.

Ahora, la convocatoria de la comisión puede servir para ordenar el debate y concretar una hoja de ruta. No solo sobre las actuaciones inmediatas que requiere el inmueble, sino también sobre el destino final de un edificio que, desde su adquisición por parte de la Generalitat en mayo de 2024, sigue sin un proyecto definitivo cerrado.