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Gandia
/ 28 marzo 2024

Gandia amplía el servicio de asesoramiento jurídico a arrendatarios de viviendas

Gandia amplía el servicio de asesoramiento jurídico a arrendatarios de viviendas

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El Ayuntamiento de Gandia da un paso más en las medidas que está adoptando para afrontar la crisis del COVID-19 y continúa incrementando la información y asesoramiento que presta a la ciudadanía.

En este caso, el consistorio ha establecido un servicio de asesoramiento jurídico que informará a los arrendatarios de viviendas privadas sobre las medidas puestas en marcha por el gobierno de España a través del Real Decreto Ley 11/2020 que se publicó el pasado miércoles.

Dicho decreto contempla el aplazamiento, o incluso condonación, del alquiler de vivienda habitual con el fin de ayudar a los inquilinos que se vean en situación de vulnerabilidad debido al coronavirus, garantizando, al mismo tiempo un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los inquilinos sea trasladada a los arrendadores.

El Ayuntamiento a través la Oficina de la Vivienda también podrá prestar asistencia jurídica con objeto de canalizar junto con los Bancos y resto de entidades financieras de la ciudad, las condiciones para la suspensión y aplazamiento de las cuotas mensuales derivadas de los préstamos hipotecarios.

De esta manera el Ayuntamiento de Gandia se suma a la iniciativa llevada a cabo por el Gobierno Central con objeto de paliar la crisis financiera derivada del grave contexto económico y social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19.

Las personas interesadas en utilizar el servicio lo podrán hacer llamando al teléfono 95 295 96 88, en horario de 08 a 15 horas o enviando un correo electrónico a [email protected].

La regidora delegada de vivienda, Amparo Victoria ha declarado que desde el Ayuntamiento de Gandia, ante las medidas tomadas por el Gobierno Central y aunque no se trata de una competencia directa del consistorio “pretendemos dar toda la información que los ciudadanos puedan necesitar. La vivienda está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución y nuestra intención es que nadie quede fuera de las ayudas o tenga problemas habitacionales por falta de acceso a la información”.

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El Ayuntamiento de Gandia da un paso más en las medidas que está adoptando para afrontar la crisis del COVID-19 y continúa incrementando la información y asesoramiento que presta a la ciudadanía.

En este caso, el consistorio ha establecido un servicio de asesoramiento jurídico que informará a los arrendatarios de viviendas privadas sobre las medidas puestas en marcha por el gobierno de España a través del Real Decreto Ley 11/2020 que se publicó el pasado miércoles.

Dicho decreto contempla el aplazamiento, o incluso condonación, del alquiler de vivienda habitual con el fin de ayudar a los inquilinos que se vean en situación de vulnerabilidad debido al coronavirus, garantizando, al mismo tiempo un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los inquilinos sea trasladada a los arrendadores.

El Ayuntamiento a través la Oficina de la Vivienda también podrá prestar asistencia jurídica con objeto de canalizar junto con los Bancos y resto de entidades financieras de la ciudad, las condiciones para la suspensión y aplazamiento de las cuotas mensuales derivadas de los préstamos hipotecarios.

De esta manera el Ayuntamiento de Gandia se suma a la iniciativa llevada a cabo por el Gobierno Central con objeto de paliar la crisis financiera derivada del grave contexto económico y social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19.

Las personas interesadas en utilizar el servicio lo podrán hacer llamando al teléfono 95 295 96 88, en horario de 08 a 15 horas o enviando un correo electrónico a [email protected].

La regidora delegada de vivienda, Amparo Victoria ha declarado que desde el Ayuntamiento de Gandia, ante las medidas tomadas por el Gobierno Central y aunque no se trata de una competencia directa del consistorio “pretendemos dar toda la información que los ciudadanos puedan necesitar. La vivienda está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución y nuestra intención es que nadie quede fuera de las ayudas o tenga problemas habitacionales por falta de acceso a la información”.

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