El gobierno municipal se reunió con la Confederación Hidrográfica del Júcar para afrontar la situación en la que se encuentra actualmente el polideportivo municipal. Desde 2008, el organismo había iniciado dos expedientes por la invasión de la zona de servidumbre: en un caso, por la construcción de un edificio-gimnasio y, en el otro, por el cierre construido en el momento que se efectuaron las obras de instalación del césped artificial.
La regidora de Urbanismo, Ana Puig, ha explicado que «ante la situación actual, el gobierno no puede obtener ningún permiso por escrito para poder realizar ninguna obra y tiene que solucionar el acondicionamiento, de nuevo, de la servidumbre mal llevada al río. Antes de realizar ninguna obra más, tenemos que aclarar la situación; de hecho, las obras previstas actualmente se encuentran paralizadas desde el primer día que accedimos en el gobierno municipal». La falta de comunicación y respuesta por parte del Ayuntamiento habrían abocado la Confederación a ejecutar la restitución de la legalidad, un hecho que hubiera provocado, en último término, el derribo del edificio.
En la reunión tomaron parte la regidora Puig, el alcalde, Jordi Puig, técnicos municipales y el Comisario de Aguas, Miguel Polo Cebellan. La Confederación Hidrográfica del Júcar y el consistorio acordaron adoptar una solución que permita la restitución de la servidumbre.
A principio de año, la Confederación Hidroeléctrica del Júcar impuso una nueva multa, en esta ocasión de 600€, y requirió al Ayuntamiento que «en el plazo de un mes cumpla la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, dejando libre la zona de servidumbre del río Barniza», y lo advirtió, de «que, en caso contrario, se procederá a la imposición de una nueva multa coercitiva».