La coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, Maite Alonso, ha denunciado que la Generalitat Valenciana mantiene una deuda de 1,5 millones de euros con el municipio por la certificación final de obra del Palacio de Justicia. Esta cantidad se suma a los 12,3 millones de euros que la administración autonómica debe en total a la ciudad.

Alonso ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico afirmando que, si las obras no hubieran estado en marcha antes del cambio de gobierno, «en lugar de un Palacio de Justicia tendríamos un solar», comparando la situación con la del Centro Integrado de Formación Profesional. Asimismo, ha remarcado que el edificio se encuentra a pleno rendimiento gracias a la gestión del anterior gobierno del Botànic y al esfuerzo económico municipal.

Expediente por incumplimiento y visita técnica

En relación a las deficiencias detectadas en la infraestructura, el Consistorio comunicó a la Conselleria el pasado 30 de julio la apertura de un expediente por incumplimiento contra la empresa contratista y la dirección de obra.

• Sin respuesta de la Conselleria: El Ayuntamiento solicitó un listado actualizado de los desperfectos para reforzar dicho expediente, un requerimiento que todavía no ha sido remitido por la administración autonómica.
• Inspección programada: Tras la insistencia municipal, el pasado martes se acordó fijar una visita técnica a las instalaciones para el próximo 22 de septiembre.