El Ayuntamiento de Gandia recurre a los tribunales contra el incremento de hasta un 300 % en el canon de Costas a los chiringuitos y terrazas de playa.
El Ayuntamiento de Gandia ha decidido plantar cara formalmente a la Demarcación de Costas por la drástica subida de las tasas de ocupación en la franja marítimo-terrestre. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la última resolución de la Demarcación de Costas de Valencia que incrementa sustancialmente el canon que deben abonar las actividades económicas ubicadas en el litoral de la ciudad.
La medida afecta directamente a elementos clave de la oferta turística estival, como las terrazas de primera línea de playa así como a los quioscos (chiringuitos) y sus terrazas laterales autorizadas para los meses de verano.
Esta actualización tarifaria fijada para el ejercicio 2026 supone, en determinados supuestos, incrementos desmedidos que alcanzan hasta un 300 % con respecto a los importes abonados en el ejercicio anterior.
Desde el consistorio advierten de que este brusco encarecimiento genera un impacto directo tanto en las arcas municipales como en los presupuestos de los propios hosteleros y comerciantes del frente marítimo, quienes se ven obligados a asumir un coste desproporcionado por explotar las superficies de dominio público.
La portavoz del Gobierno local, Balbina Sendra, ha explicado que el paso a la vía judicial responde al silencio de Costas tras la falta de respuesta a las alegaciones presentadas por el municipio. Sendra ha calificado la subida de «desproporcionada» y ha denunciado la falta de justificación técnica por parte del organismo estatal: «Consideramos que esta subida no está motivada y que genera un perjuicio importante. El Ayuntamiento de Gandia presentó alegaciones solicitando que cualquier actualización se realizara de manera progresiva, especialmente teniendo en cuenta que estos importes no se habían modificado desde los años 2015 y 2016».
Ante la falta de respuesta de la Demarcación de Costas, el Ejecutivo municipal ha optado por la vía judicial para proteger las cuentas públicas y evitar que este sobrecoste asfixie la actividad económica de los establecimientos autorizados en la arena y la primera línea comercial.