L’Associació de Juristes Valencians y una representación de la sociedad civil valenciana se concentraron el 29 de junio en Las Cortes y en ayuntamientos como el de Gandia. El fin era solicitar que se reinicie con urgencia el procedimiento para la modificación constitucional que permita la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano. Una reivindicación que secundan medio centenar de entidades.
En Gandia, se concentraron los portavoces de los dos partidos que conforman el Gobierno local, José Manuel Prieto del PSPV y Josep Alandete del Compromís + Gandia unida; junto con los portavoces de todos los grupos municipales, excepto Ciudadanos; el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Oliva, Josep Escrivà; y Ximo Esteve, abogado y miembro de l’Associació de Juristes Valencians.
Este procedimiento de modificación técnica de la Constitución ya se inició por las Cortes en octubre de 2018. En ese momento, se obtuvo un amplio apoyo de los grupos políticos, que se calificó como un consenso histórico; ya que reflejó el apoyo de la sociedad civil, las tres diputaciones y la mayoría de Ayuntamientos de la Comunitat. No obstante, el adelanto electoral frustró su remisión en el Congreso de los Diputados. Por ello, esta concentración pretende impulsar la tramitación urgente de la recuperación del Derecho Civil Valenciano; que se continúa aplicando a 300.000 ciudadanos que constituyeron relaciones jurídicas al amparo de las leyes civiles valencianas.
Desde Juristes Valencians, se recuerda que esta reclamación tiene un cimiento histórico indudable, pero también supone una reclamación de futuro para que los valencianos dispongan de una herramienta que les permita mejorar su calidad de vida en cuestiones tan cotidianas como el régimen matrimonial, la herencia o la legislación de parejas de hecho. «Nos abre la posibilidad de tener una legislación moderna que, por ejemplo, contemple la sucesión de empresas posibilitando, en muchos casos, la continuidad de aquellos pequeños negocios tan arraigados en nuestro tejido productivo», han manifestado.
“Lo que pretendemos es recuperar esa competencia que siempre hemos tenido los valencianos y las valencianas y que, tal día como hoy de 1707, fue abolida por los Decretos de Nueva Planta. Nada más y nada menos, tener la capacidad normativa y legislativa conforme manda el Estatuto de Autonomía desde 2006 y que, desgraciadamente, tumbó el Tribunal Constitucional. Por eso, hay que modificar puntualmente la Constitución Española para que nuevamente seamos autónomos; podamos legislar y dotarnos la ciudadanía de unas mejores relaciones interpersonales, como en el caso del régimen económico matrimonial de separación de bienes. Este año es el año en el cual podemos recuperar. Por eso, hoy queremos hacer esa fuerza para que todos los partidos unidos hacer valer nuestra fuerza para volver a disfrutar de nuestras costumbres y leyes que fueron abolidas, y de las cuales disfrutan otras comunidades autónomas. Ahora depende de Madrid”, ha asegurado Esteve.
“Hemos apoyado desde el Ayuntamiento a las Cortes y lo hemos trasladado al Congreso. Porque creemos que el despliegue de esas competencias se tienen que ejercer porque realmente nos pertenecen”, ha explicado Prieto.
¿Qué es el Derecho Civil Foral?
El Derecho Civil Foral es la competencia ejercida por la Generalitat Valenciana de regular las materias del ámbito privado en el territorio valenciano. Históricamente, esta competencia proviene de los fueros de València, abolidos el 29 de junio de 1707 por el rey Felipe V. En 2006, fueron recuperados con una reforma del Estatuto de Autonomía valenciano de manera limitada, como se comprobó posteriormente con las sentencias en contra del Tribunal Constitucional. El 28 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley Valenciana de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Después pasaría lo mismo con la Ley de Custodia Compartida y con la Ley Uniones de Hecho Formalizadas.
El Derecho Civil Foral es el conjunto de leyes y normas que sirven para solucionar los problemas que surgen en las relaciones entre las personas. Por ejemplo, en temas como el matrimonio, la familia, la organización de propiedades… Las personas acuerdan casi todas estas normas de forma libre y voluntaria. El Estado no obliga a cumplir a las personas estas normas como ocurre con el derecho que se ocupa de los delitos o los impuestos.
“El derecho civil foral permite que los ciudadanos se pongan de acuerdo o que cada persona decida de forma libre según sus necesidades. El derecho civil lo crea el pueblo en su día a día y tiene las características de ese pueblo”, ha recordado el vicealcalde de Gandia.
Foto: Àlex Oltra