El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, ha denunciado este martes la «situación de impago» que mantiene la Generalitat Valenciana con el municipio y que asciende ya a un total de 12.339.937,59 euros. El edil ha calificado de «absolutamente injusta e inmoral» esta acumulación de deuda, advirtiendo de que la falta de transferencias autonómicas está obligando al consistorio a adelantar recursos propios para mantener servicios esenciales y ejecutar obras presupuestadas.

Gregori ha tildado la postura del Gobierno valenciano de «deslealtad institucional», remarcando que el agujero económico que afecta a las arcas locales se ha duplicado en cuestión de meses: «Hace apenas tres o cuatro meses denunciábamos que la Generalitat debía seis millones de euros a Gandia. Hoy la situación es mucho peor. Estamos hablando de más de 12,3 millones de euros que el Ayuntamiento ha tenido que adelantar con recursos propios para garantizar inversiones y servicios que corresponden a otras administraciones».

El desglose del «impago»: infraestructuras, fondos europeos y bienestar social»

El responsable económico ha detallado las diferentes partidas que integran la deuda global. En el ámbito de las competencias delegadas, el Consell debe 2,7 millones de euros del Pla Edificant y 1,5 millones correspondientes a las obras del Palacio de Justicia de Sant Anna, sumando un bloque de 4,2 millones de euros en proyectos ejecutados y pagados por el consistorio:

A esta cantidad se añaden cerca de 4,9 millones de euros en proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation, entre los que destacan el Pla Conviure, el Pla Mita, la regeneración urbana de barrios, la instalación de placas fotovoltaicas en el Centre Esportiu del Grau, las mejoras en el Teatre Serrano y diversas líneas del IVACE.

Gregori ha puesto el acento en el Contrato Programa de Servicios Sociales, partida que sostiene cerca de 70 puestos de trabajo para la atención ciudadana. El concejal ha revelado que el Ayuntamiento ha abonado con fondos propios las nóminas del personal de enero a julio, incluyendo la paga extraordinaria, sin haber recibido «ni un solo euro» de la Generalitat, que únicamente ha planteado una línea de confirming para septiembre que implicaría asumir costes bancarios.

Retrasos en el Fondo de Cooperación, el Gandia Arena y la Xarxa Xaloc

El balance de impagos expuesto por la concejalía de Hacienda incluye también los siete meses de retraso en las aportaciones del Fondo de Cooperación Municipal y más de 1,1 millones de euros pendientes de abonar para las obras del Gandia Arena. A esto se suma la prestación del servicio de la Xarxa Xaloc en materia de vivienda, que el consistorio sigue ofreciendo sin que la administración autonómica haya llegado a formalizar el convenio regulador: «Estamos realizando tareas que corresponden a la Generalitat sin que ni siquiera se haya firmado el convenio que regula esa colaboración. El Ayuntamiento sigue prestando el servicio porque creemos en la utilidad de estas políticas para la ciudadanía, pero no es aceptable que se nos exija asumir competencias y costes sin la correspondiente financiación».

Para concluir, el responsable de la hacienda local ha exigido la regularización inmediata de las transferencias para evitar un perjuicio mayor sobre la gestión municipal: «Los ciudadanos de Gandia han tenido que adelantar más de 12 millones de euros para garantizar inversiones, servicios sociales e infraestructuras. Mientras la Generalitat incumple sus obligaciones, es el Ayuntamiento quien responde para que los proyectos no se paralicen. Estamos haciendo de banqueros de la Generalitat con el dinero de todos los gandienses».

El PP rebaja la cifra de la deuda

El concejal popular Guillermo Barber ha asegurado que la comparecencia de Gregori solo ha servido para poner de manifiesto la «enorme cantidad de inversiones que el Consell está realizando en Gandia» en áreas clave como educación, justicia, servicios sociales o regeneración urbana. Asimismo, Barber ha rebatido las afirmaciones del Gobierno local desmintiendo la existencia de un agujero de 12,3 millones y precisando que la cantidad real pendiente de regularización administrativa asciende a 2.706.293,52 euros, un trámite habitual entre administraciones.