El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Gandia ha decretado el sobreseimiento provisional de la denuncia interpuesta en julio de 2023 por Arturo Torró, exalcalde de Gandia (PP, 2011-2015), y la empresa Inmobles Reunits de Catarroja S.L. contra la exalcaldesa y actual ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant (PSOE), el alcalde José Manuel Prieto (PSOE), y la exjefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gandia, María Isabel Santapau Martí.
La denuncia buscaba atribuirles delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con la gestión del edificio de la calle Perú 57. Sin embargo, el auto judicial, firmado por el juez Cristian B. Mann Haeger, concluye que no se aprecian los elementos necesarios para configurar ninguno de los delitos alegados. Según el magistrado, las decisiones tomadas por el Ayuntamiento estaban respaldadas por informes jurídicos sólidos y no contravinieron la legalidad. Además, destaca que no existe condena alguna contra la administración local que obligue al pago de los daños reclamados por la empresa denunciante.
En cuanto a los hechos ocurridos en 2015, relacionados con la participación de Diana Morant en una protesta para evitar un desahucio en el edificio, el juez señala que, aunque hipotéticamente pudieran tener relevancia penal, dichos hechos han prescrito conforme a la normativa vigente. Por otro lado, el auto recuerda que las resoluciones previas en el ámbito contencioso-administrativo ya habían rechazado las reclamaciones de la empresa concesionaria, lo que refuerza la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento.
El caso, que supone el quinto procedimiento judicial sobre este asunto, representa un nuevo revés para Arturo Torró y la mercantil, quienes han sostenido una larga batalla judicial contra Morant y Prieto. Aunque la resolución aún no es firme y cabe recurso en el plazo de tres días, el sobreseimiento provisional deja patente que, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia alguna para sustentar las acusaciones.
Con este fallo, se suma otro capítulo a la extensa lista de desestimaciones judiciales que han acompañado este conflicto, consolidando la posición de Diana Morant y José Manuel Prieto frente a los intentos de criminalizar su gestión pública.