El Partido Popular ha solicitado este lunes una Comisión de Investigación para acceder a toda la información relativa al litigio que mantiene el Ayuntamiento de Gandia con la empresa promotora del edificio de viviendas sociales de la Calle Perú.
La solicitud de los populares llega tras la publicación de una noticia publicada por EL ESPAÑOL que el PSPV de Gandia ha catalogado como «una fake news de libro».
El portavoz del PP en el consistorio, Víctor Soler, ha comparecido en rueda de prensa y ha destacado un extracto de la última sentencia del litigo entre el ente local e Inmobles Reunits de Catarroja SL en el que afirma que la ex alcaldesa Diana Morant con la paralización del desahucio desobedeció la ley y ocasionó «un efecto llamada que como se señala en el informe policial, motivaron que desde el mes de noviembre de 2015 se generalizaran dichos impagos y ocupaciones ilegales de viviendas».
«Di cumplimiento a lo que marcaba la justicia»
Preguntada por esta resolución en un desayuno informativo, Diana Morant ha asegurado que como alcaldesa y como ministra siempre ha dado cumplimiento a la ley: «Como política creo que en el centro de las decisiones políticas deben estar las personas y sus problemas».
Morant ha recordado que se trata del desahucio de una madre con su hijo en junio de 2015, cuando llevaba 15 días como primer edil de Gandia: «Fui a personarme allí para dar una alternativa habitacional a la madre y su hijo, que atravesaban un momento de sufrimiento dificilísimo». «Di cumplimiento a lo que marcaba la justicia. Decía que la familia debía abandonar la vivienda que ocupaba y, por tanto, con esa alternativa habitacional dimos salida al mandato judicial y una salida digna a una familia que se quedaba en la calle». «El Ayuntamiento y la justicia cumplieron con lo que tenían mandatado».
«Estamos ante una fake news de libro»
El portavoz del PSPV, Vicent Mascarell, ha comparecido en rueda de prensa para valorar la información y contestar a los populares: «Estamos ante una fake news de libro, con un titular tendencioso que el único que pretende es atacar una ministra del gobierno de España».
Mascarell ha aclarado que no hay ninguna sentencia condenatoria que oblige el Ayuntamiento de Gandia ni a la ex alcaldesa a pagar ningún euro a la empresa concesionaria: «Estamos ante una empresa que desde el minuto cero incumplió el contrato que tenía sobre el edificio de la calle Perú. No pagó el canon, de forma que no tiene ningún derecho adquirido sobre el contrato».
El regidor también ha recordado que los problemas de ocupación y seguridad en el entorno de este inmueble no son nuevos y que cuando Diana Morant fue nombrada alcaldesa, en este edificio ya había viviendas ocupadas.
Quince días después de tomar posesión como alcaldesa, Diana Morant y otros miembros del gobierno municipal acudieron a un desahucio para dar una alternativa habitacional y una salida digna a una madre y su hijo, que se quedaban sin vivienda, y cumplir así con el mandato judicial.
El edificio ya es propiedad del Ayuntamiento
Actualmente el edificio ya es propiedad municipal y se encuentra en litigio la cuantía de la liquidación de la concesión. El cálculo de los técnicos municipales es de 3 millones de euros y el de la empresa esde 18 millones de euros.